El debate por el presupuesto en la provincia de Buenos Aires traerá un sinfín de discusiones entre funcionarios del ejecutivo que conduce María Eugenia Vidal, legisladores de todas las bancadas e intendentes, producto de los recortes que el primer distrito del país sufrirá tras la aprobación del presupuesto nacional y los inequidades propias de la ley de leyes bonaerense, que viene a consolidar un régimen distributivo ya de por sí muy injusto.
Sin embargo, más allá de todos los reclamos (legítimos) que vayamos a escuchar en las semanas que vienen, nuevamente tendremos como ausente a la gran discusión que los bonaerenses nos debemos desde hace décadas: la ley de coparticipación municipal, sancionada en 1987, retocada alguna que otra vez en estos 31 años y que tiene al Gran Buenos Aires como principal perjudicado de una distribución muy desigual.
A pesar de las nuevas fuentes de recursos que se crearon para transferir hacia los municipios (juegos de azar, fondos de infraestructura, ley de financiamiento educativo, etc), el grueso de la distribución sigue siendo la coparticipación, alcanzando más de un 80 por ciento de las transferencias que llegan desde el gobierno provincial.
Algunos números recientes: entre enero y septiembre de este año, los 24 distritos del conurbano, que suman el 66 por ciento de la población provincial, recibieron el 47,27 por ciento en concepto de transferencias de recursos provinciales por coparticipación.
En tanto que los 111 restantes, donde vive el 33 por ciento de la población, reciben 52,73 por ciento de fondos coparticipables.
Y si queremos ir más allá todavía y saber como son las transferencias provinciales directas por habitante en los primeros nueve meses de este año, nos encontramos con $2.290 para La Matanza, $2.325 para Quilmes, $2.352 para Moreno, $2.456 para Esteban Echeverría, $2.464 para Almirante Brown, $2.510 para Lomas de Zamora, $2.553 para Escobar y $3.038 para General San Martín, entre los últimos lugares.
Al otro extremo del listado tenemos a General Villegas con $14.300 de transferencias directas por habitante entre enero y septiembre de este año, $16.246 para General Alvear, $18.898 para Coronel Pringles, $20.160 para General Lavalle, $20.390 para Puan, $25.982 para General Guido y $27.551 para Pila, entre los más beneficiados.
Entre los distritos más importantes del interior bonaerense el único perjudicado fue General Pueyrredón (Mar del Plata), que recibió transferencias por habitante en un nivel similar a la mayoría de los del conurbano: $2.419. Otras ciudade muy pobladas fuera del conurbano que recibieron transferencias similares al GBA fueron La Plata ($2.689), Bahía Blanca ($3.047), Pergamino ($3.087) y Zárate ($3.179).
Por otra parte, Olavarría recibió $5.798 por habitante, Baradero $5.808, San Pedro $6.784 y Azul $7.553, Chascomus $9.078.
La ley de coparticipación municipal no responde a las necesidades de los Municipios ni favorece la autonomía municipal. Ha quedado muy relegada en el tiempo y no atiende las "nuevas" funciones que tienen los gobiernos locales, que pasaron de administrar el ABL y la planificación urbana, a tener que hacerse cargo de la atención primaria de la salud; la seguridad pública; el ambiente y el desarrollo sostenible; la educación inicial; la atención a las Pymes y el desarrollo deportivo.
Una nueva Ley de Coparticipación Municipal que resuelva las desigualdades que produce la actual, tomando en cuenta nuevos criterios de distribución sería una verdadera reforma estructural, de esas muchos y muchas viven reclamando pero que nunca ponen a discusión.
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