El Lanusazo*

El Partido de Lanús era un área especialmente conflictiva: ciudadela política de (Gastón) Pérez Izquierdo, desde allí se había proyectado al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, dejando a un hombre de su elenco, el Intendente Gregotti. En Lanús, las asociaciones vecinales estaban muy politizadas y la escena municipal mostraba claras líneas de fragmentación entre organizaciones de base opositoras y entidades locales cooptadas por el proyecto político de construcción de una fuerza de derecha. Una de estas, el centro de panaderos de Lanús, había sido premiada por la comuna con el monopolio de la venta del pan en el partido. El sobreprecio del producto causaba la indignación entre los vecinos de los barrios. Desde la intendencia se trataba de transformar en clientelas políticas para el partido municipalista Movimiento Vecinal Lanusense a estos apoyos locales. Así, la reivindicación por la derogación de la cuota adicional prendió en Lanús rápidamente. Los antecedentes del “lanusazo” los encontramos en diversos actos que fueron marcando el nivel de organización y convocatoria del movimiento vecinal frente a una intendencia que sólo respondía con la fuerza y la represión abierta.

Hacia noviembre las localidades de Lanús se encontraban en un virtual “estado de asamblea”: los vecinos nucleados en asociaciones barriales preparaban formas de resistencia al poder municipal. Con ayuda de los sindicatos locales y partidos políticos se repartían volantes de repudio al cobro de la cuota. El 18 de ese mes, la policía reprime un acto de 1.000 vecinos en la plaza Giardino de Valentín Alsina, convocado por las sociedades de fomento, la junta vecinal y las amas de casa. Un acto en Villa Diamante también es prohibido; la junta vecinal del barrio con la adhesión de Villa Jardín y Villa Caraza, había ya elevado un petitorio con 2.000 firmas pidiendo la anulación de los adicionales.

En Lanús Este, la sociedad de fomento de Villa Obrera se hace eco de los reclamos del barrio y llama a la primera asamblea que cuenta con la asistencia de 120 vecinos. Allí surge una comisión de vecinos para luchar por la derogación de las cuotas adicionales. También se decide ampliar la convocatoria a todas las entidades de bien público de Lanús.

Así, comienza desde Villa Obrera una gestión de enlace con las asociaciones activas de las otras localidades, en las que se iban formando juntas vecinales integradas por sociedades de fomento, bibliotecas populares, delegados de villas de emergencia y comisiones de amas de casa. El día 20 de noviembre estas diversas organizaciones barriales confluyen en una asamblea en la sociedad de fomento de Villa Obrera. Tres mil representantes vecinales deciden la movilización popular para el día 24.

El 24 de noviembre, hacia la tarde, los vecinos de Lanús se encaminan hacia la municipalidad. La manifestación crecía y llega a contar con 20.000 personas. Se identifican las columnas por los carteles que muestran el barrio de origen y las entidades convocantes: “Junta Vecinal de Villa Diamante”, “Sociedad de Fomento Villa Obrera”, “Valentín Alsina”, “Sociedad de Fomento Sarmiento”, “Villa Caraza”, etcétera. Se presentan también las amas de casa, el centro de jubilados y pensionados de Lanús, las bibliotecas populares de la zona. El centro de comerciantes paraliza toda actividad. Cinco mil comercios cerrados, sonar de bocinas y de sirenas de fábricas son otros aspectos del acto.

El clima en la manifestación está dado por la fuerza de las consignas que ligan el tema de los impuestos a la crítica situación socioeconómica de los sectores populares: “Si no alcanza para la olla, los impuestos los paga magoya”; o al sentir antimilitarista reinante: “Que macana, si pagamos los impuestos mantenemos a la cana”; o “Mandarina, mandarina que los impuestos lo paguen el Ejército y la Marina”.
Un vasto operativo de seguridad había sido montado para impedir que el pueblo se acercara a la municipalidad. El edificio se rodea de vallas, policías y perros. Más de 400 efectivos de la policía provincial se despliegan en cerco sobre los manifestantes. La población, impedida de avanzar, se detiene al pie del cordón policial. Una comisión de fomentistas y amas de casa pasa el control policial y se encamina a la intendencia: lleva el petitorio de anulación de las cuotas adicionales. Pero, en la municipalidad, el intendente Gregotti se rehúsa a recibir a la delegación de representantes vecinales. Dirigentes locales de los partidos Justicialista, Comunista y Radical intentan dirigirse a la población a través de improvisados megáfonos, pero son abucheados por los vecinos. El clima de manifestación excede el marco partidario que estos políticos quieren dar al conflicto vecinal.
Anochecía, cuando la delegación comunica al pueblo que el intendente no les da audiencia argumentanbdo que esos no son los “genuinos vecinos de Lanús”. La gente entona el Himno Nacional, enfatizando las estrofas “… o juremos con gloria morir…”, cuando cae la valla y sobreviene la represión con perros y gases lacriomógenos. Los vecinos responden con piedras. La violencia social alcanza su punto crítico y la policía debe mantener el cordón de seguridad hasta la mañana siguiente.

La policía justificó la represión argumentando “infiltrados” e “incitación al incendio y destrucción del edificio de la Municipalidad”. El ministro de Gobierno, Pérez Izquierdo, y el gobernador Aguado atribuyeron la violencia a la existencia de “agitadores” con claros intentos de desestabilización. El intendente Gregotti simplemente sostuvo: “Yo no soy responsable de los que ocurre en la vía pública”. Su perspicacia política lo llevó a afirmar que el partido de Lanús era una “aristocracia”, porque sobre 500.000 habitantes, 125.000 eran propietarios, lo que significaría que más de un 90% de la población vive en casa propia. Para lo lógica del intendente, ser propietario de una vivienda popular elevaba a los vecinos de Lanús al rango de aristócratas.

*Fragmento de Inés Gonzalez Bombal, "Los vecinazos : las protestas barriales en el Gran Buenos Aires : 1982-83".